KICILLOF ALMORZÓ CON LA MESA DE ACCIÓN POLÍTICA BONAERENSE PARA ANALIZAR UNA ESTRATEGIA QUE DESTRABE LA LEY IMPOSITIVA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, almorzó ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el resto de la mesa de acción política bonaerense del Frente de Todos para estudiar distintas variantes que apunten a destrabar la ley Impositiva en la Legislatura provincial.

El almuerzo tuvo lugar el lunes en la Legislatura, en La Plata, y alrededor del mandatario kirchnerista se sentaron el líder del Frente Renovador, la vicegobernadora Verónica Magario (quien preside el Senado bonaerense) y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el lomense Federico Otermin, una pieza clave en la definición de la estrategia y en las negociaciones con la oposición de Juntos por el Cambio.

Además estuvieron el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el jefe del bloque de diputados provinciales del Frente de Todos, el camporista Facundo Tignanelli; su par del Senado, Gervasio Bozzano; el diputado provincial Carlos «Cuto» Moreno y la diputada nacional Cecilia Moreau.

La estrategia legislativa está dividida en dos planos: por un lado conseguir el quórum, y luego «juntar los porotos» para la aprobación.

En la Cámara de Diputados, donde la sesión está prevista para la semana que comienza 6 de enero, el Frente de Todos es mayoría y de no mediar torpezas como faltazos inesperados (esto sucedió en la fallida sesión del 20 de diciembre), hay garantías suficientes para la media sanción.

El asunto es que esta vez el Gobierno de Kicillof no quiere dejar cabos sueltos y hará todo lo posible para llegar a la sesión de Diputados con todos los acuerdos cerrados con la oposición de Juntos por el Cambio de manera tal de que luego no haya sorpresas en el Senado, donde la oposición ostenta la mayoría.

«La apuesta es que salga con los cambios necesarios de Diputados», confiaron a NA altas fuentes de la gobernación.

El principal punto de disidencia que está trabando el acuerdo es el 75% de aumento del impuesto a las propiedades inmobiliarias (20 puntos por encima de la inflación) que el Gobierno quiere aplicarle a las propiedades con valuación fiscal más alta.

Desde el Frente de Todos contestan que se trata de apenas 200 campos y que se utiliza una escala progresiva con aumentos impositivos inferiores a la inflación 2019 para la mayoría de las propiedades rurales.

Justamente ese será el principal argumento que esgrimirá el Frente de Todos para contrarrestar las críticas opositoras: que Juntos por el Cambio defiende los intereses de los que más tienen.

«Si traen una propuesta razonable de cómo recaudar lo mismo sin afectar la progresividad y que los que iban a pagar 15, 30 y 50% (de aumento) sigan igual, se puede analizar. Pero la opción de que todos paguen 50% no es opción», explican las fuentes consultadas de la Gobernación. .