Además de los impactos en las boletas individuales de cada usuario, en las últimas horas creció la preocupación por los efectos que tendrá la reducción de la ayuda estatal en una serie de actividades, especialmente en los consorcios, unidades recreativas y sociales, y el sistema de salud.

Según el anuncio oficial, no hay ningún tipo de discriminación por uso de los espacios, sino que en el caso de la energía y el gas se estableció una serie de topes para delimitar el mantenimiento de los subsidios.

Esos límites están calculados sobre la base de un consumo de una casa familiar y no tiene en cuenta ningún otro parámetro con lo cual se esperan fuertes subas en otras actividades.

En consecuencia, toda aquella unidad que supere los 400 kwh por mes, o los metros cúbicos establecidos para cada área, ingresará a «Nivel 1» y en ese caso perderá la totalidad del subsidio.

El caso más visible es el de los consorcios, cuyo consumo mensual está muy por encima del tope fijado, y por lo tanto que utilice por encima de los 400 kwh se pagará a tarifa plena.

Por lo tanto, además de la factura individual quienes viven en edificios deberán afrontar un fuerte aumento en las expensas por el alza en los gastos comunes.

Este sector también deberá hacer frente al incremento salarial para el gremio de los encargados.

Pero tal como está redactada, la norma también alcanza a otras actividades muy demandantes de energía como por ejemplo clínicas y sanatorios.

Los centros estatales deberán costearlo de las arcas públicas, pero en el caso de aquellos establecimientos a cargo de sindicatos impondrá una erogación que pondrá en jaque las cuentas.

Y en el caso de las privadas habrá un traslado directo al costo de la cuota mensual.

La inquietud y malestar fue creciendo con el correr de las horas y las redes sociales fueron caja de resonancia de la preocupación de los consumidores.

También se puso la lupa sobre los clubes, especialmente aquellos que cumplen funciones sociales y que en la mayoría de los casos son solventados voluntariamente por sus socios.

Al igual que en el caso de las prepagas, los clubes de mayor envergadura podrán tomar la opción de recargar las cuotas, pero no es el caso de las instituciones barriales.

La presión social obligó a Mauricio Macri a exceptuar a este sector del aumento de tarifas que implementó en 2017.

La situación también promete ser crítica para el caso de los comedores y merenderos donde el incremento en el gas impactará en mayor medida.

Si bien desde el gobierno se quiere evitar hablar de «tarifazo», por el momento la «redistribución» no contempla una serie de factores sociales que multiplicarán el efecto del aumento anunciado.

Desde del gobierno dejaron trascender que podría haber alguna medida para el caso de los consorcios, pero por el momento no hay precisiones.