El juez federal Julián Ercolini envió hoy a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Florencia y Máximo, en la causa Los Sauces por el delito de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras.

Se trata del cuarto juicio que deberá enfrentar la senadora nacional y, según supo NA, el proceso comenzará el año que viene, a cargo del Tribunal Oral Federal 5.

Los jueces que fueron sorteados para enjuiciar a la ex mandataria son Daniel Obligado, José Martínez Sobrino y Adriana Palliotti, y a cargo de la acusación estará el fiscal Diego Velasco.

Este proceso se suma a los que deberá enfrentar la legisladora nacional por las causas dólar futuro, encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA y direccionamiento de la obra pública.

La elevación a juicio que dispuso Ercolini también incluye a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; a los hijos de Báez, Martín, Leandro y Luciana; al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; a Fabián De Sousa, y a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, entre otros.

En su resolución, el magistrado federal recordó que sobre la ex presidenta y sus hijos pesa una acusación por asociación ilícita porque funcionó entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 «un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces SA».

A través de ese hotel, «se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial», señaló el juez.

La firma Los Sauces había sido constituida originalmente el 7 de mayo de 2006 por Néstor Kirchner y luego su esposa, según el fiscal Gerardo Pollicita, «realizó distintos aportes irrevocables de bienes y dinero a la empresa y por medio de aquella adquirió una serie de propiedades, terrenos y  hoteles en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad de Buenos Aires; todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia».

La empresa de Lázaro Báez aportó durante ese período un total de 6.851.650,97 de pesos en alquileres, en tanto que López y De Sousa unos 18.554.725,76 y de manera indirecta -a través de Idea SA de Osvaldo Sanfelice- otros 561.665,57 de pesos, lo que, remarcó el juez, «constituyó un 88 por ciento de lo facturado en ese período por Los Sauces SA».

Los Sauces, según la acusación, fue utilizada como un mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos que provenían en el caso de las empresas de Lázaro Báez de la defraudación al Estado nacional a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y en el caso de Cristóbal López previamente favorecido con los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas.

La causa inicialmente estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadio, quien luego de imponer los procesamientos de Cristina Kirchner y sus hijos, se declaró incompetente y giró el expediente a su par por conexidad.

Es que Ercolini viene investigando la causa Hotesur en la que se investigan maniobras similares pero en lo relativo al alquiler de habitaciones de los hoteles en manos de los Kirchner.

Por el caso, el único que permanece con prisión preventiva es el contador Manzanares, ya que el juez consideró que quiso obstruir la investigación.